Por Ricardo Reyes.
La madre de la víctima, Virginia Ann Hemingson, de 78 años, junto con su abogada Pamela Pinedo, fue recibida en Tepic por la fiscal general Elvia Ludmila Heredia Verdugo. Durante el encuentro, le expusieron las irregularidades detectadas en el proceso judicial, que acumula más de tres meses de retraso en el inicio del juicio oral.
Tras la reunión, la abogada Pamela Pinedo informó que la fiscal les confirmó que la institución cuenta con elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria tanto contra Sergio N. como contra Alejandro N., señalado como autor material del crimen. “La respuesta de la Fiscal fue que están preparados para ir a juicio, que tienen elementos suficientes para lograr una sentencia condenatoria. Realmente esperamos que así sea. Nosotros, como abogados victimales, pretendemos aportar y sumar para lograr esa condena para ambos imputados”, declaró Pinedo.
Sergio N. lleva dos años en prisión preventiva en el penal de Tepic. A pesar de estar procesado por el feminicidio de su exconcubina —con quien procreó tres hijos—, mantiene la patria potestad y recibe visitas de sus menores en el centro penitenciario. Esto ocurre porque los niños residen en Jalisco, entidad donde no está vigente la Ley Monzón (que suspende automáticamente la patria potestad a quien es procesado por feminicidio). En contraste, Nayarit sí cuenta con esta legislación, pero las autoridades del DIF nayarita argumentan limitaciones por la jurisdicción de los menores.
“Es increíble que un juez permita que los niños viajen al penal a visitar al presunto feminicida de su madre, sentando un precedente peligroso en México. No existe ley nacional que prohíba esto”, lamentó Pinedo, comparándolo con el caso de Cecilia Monzón en Puebla, que dio origen a dicha norma.
La abogada criticó duramente a las autoridades judiciales de Jalisco por permitir convivencias de los menores con el imputado y su red familiar, lo que —según denuncia— genera revictimización de las víctimas indirectas (los hijos huérfanos de madre) y vulnera el interés superior de la niñez. Hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga ante esta situación en Jalisco.
La familia Birkenbach expresó su consternación por las actuaciones en Jalisco, que —a su juicio— favorecen a la familia paterna del imputado. Denuncian que se les ocultan expedientes, se niega personalidad jurídica a la abuela materna y se le prohíbe acercarse a sus nietos bajo acusaciones de violencia inexistentes por parte de una mujer de 79 años. Virginia Hemingson afirmó que las autoridades jaliscienses permiten la manipulación de los menores por parte de la familia de Sergio N., al punto de que ahora ven a sus familiares maternos como enemigos.
La señora Hemingson dejó su hogar en Canadá hace más de un año para buscar justicia por su hija, pero ha encontrado —según su testimonio— corrupción, omisiones, manipulación e injusticias. “Vine a buscar justicia y lo que he encontrado es que ahora me consideran la enemiga, cuando también soy víctima indirecta”, declaró.
La familia urge a las autoridades de Nayarit a iniciar el juicio oral a la brevedad, ya que la dilación perjudica a los menores, quienes requieren apoyo psicológico urgente, y da tiempo a la familia paterna para intentar controlar la herencia de Ángela, valuada en cientos de millones de pesos y vinculada principalmente a su complejo turístico Limoncito Hills en Nayarit. El móvil del crimen, según la Fiscalía, estaría relacionado con el manejo y control de ese patrimonio.

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